La tragedia ocurrida en el festival Axe Ceremonia el pasado 5 de abril, en la que perdieron la vida los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlalli Berenice Giles Rivera, ha desencadenado una serie de decisiones que impactarán de manera directa el futuro del Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El incidente, provocado por el colapso de una estructura metálica manipulada por una grúa, motivó una respuesta institucional que ya se traduce en cambios estructurales sobre el uso y administración del recinto. Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno avanza en el retiro definitivo de la concesión del parque, actualmente bajo operación privada, y que se contempla una nueva gestión bajo la Secretaría de Cultura federal.
El anuncio llega tras semanas de presión pública y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en eventos masivos. Sheinbaum señaló que cualquier actividad dentro del parque debe cumplir con normativas claras en materia de Protección Civil, y que no se permitirán más excepciones. La administración actual del Parque Bicentenario fue concedida durante los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, situación que, según la mandataria, será revertida. “Queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México”, declaró, subrayando la intención de desvincular el espacio de intereses empresariales privados y devolverlo al dominio público con un enfoque cultural.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con la investigación del caso. De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde Luján, ya se ha abierto una indagatoria formal contra cuatro empresas posiblemente responsables del accidente. Aunque no se han revelado los nombres de las compañías ni detalles específicos, la fiscal aseguró que el proceso ha avanzado de manera “muy significativa”. La confidencialidad de la investigación busca preservar la integridad del proceso judicial, pero también subraya el nivel de responsabilidad que se está atribuyendo a los organizadores del evento y a los operadores técnicos que participaron en el montaje de estructuras.
El desmantelamiento del modelo de concesión y la eventual transferencia del parque a una gestión cultural pública no solo marca un giro administrativo, sino que evidencia cómo un accidente puede detonar transformaciones en la política urbana y cultural del país. Aunque aún quedan pendientes jurídicos por resolver —según reconoció Sheinbaum— la decisión política está tomada: el Parque Bicentenario dejará de ser un espacio regido por intereses comerciales para convertirse en una plataforma bajo el resguardo del Estado. Con ello, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad institucional ante tragedias evitables, además de redibujar el papel de los espacios públicos como escenarios seguros para la vida cultural y social.
